viernes, 16 de marzo de 2012

En educación y sanidad, todos iguales.

Asumamos como cierto que durante muchos años España será gobernada por alguno de los partidos mayoritarios y demos por hecho (salvo cataclismo social, económico o expulsión de la zona de moneda única, que todo puede ser) que éstos aceptarán todas las directrices que nos disparen nuestros socios europeos. Entre estas directrices nos encontramos con unos límites de déficit público que suponen y supondrán grandes esfuerzos para todos, y que se están concretando en una merma de servicios públicos y/o un incremento de impuestos de cualquier índole. Aunque se están combinando ambas propuestas, parece que nuestros dirigentes se decantan mayoritariamente por la primera de ellas.

Pues bien, si lo que se pretende es recortar el gasto público, el primer paso que se debería haber dado es la planificación de prioridades a la hora de hacerlo. Descartados desde el inicio tocar partidas como religión o gasto militar, las mirillas están apuntan directamente a educación y sanidad. Esto es, al menos para mí, uno de los mayores errores políticos que se pueden cometer en mucho tiempo. Como dije en otros artículos, servicios públicos de calidad como sanidad y educación (al hacer referencia a ellos se suele hablar también de gratuidad, pero evito este adjetivo ya que no son efectivamente gratuitos, sino que los ciudadanos los pagan a través de impuestos y cotizaciones) son los bienes más preciados conseguidos por los españoles durante los años de democracia, y no conservarlos de esta manera tendría consecuencias nefastas para nuestro futuro.

No es falso que la distribución del gasto que conllevan estas partidas podría ser efectuado de manera muchos más eficiente, no cabría otra cuando hablamos de miles de millones de euros. Asuntos como prescripción de medicinas por dosis, replanteamiento de ciertas becas poco eficientes, y otras muchas medidas pueden y deber ser estudiadas para mejorar su funcionamiento dentro del sistema público. Y es ahí donde se deben centrar todos los esfuerzos, en una mejor distribución y eliminación de gastos superfluos e innecesarios, y nunca en la supresión de servicios que supongan una reducción en cuanto a la calidad de sanidad y enseñanza.

Explicaré ahora el por qué de mi preocupación de la manera más práctica posible, empezando por los riesgos en cuanto a sanidad se refiere. Como sabemos, los gastos que conlleva la Sanidad Pública son costeados por todos los ciudadanos en relación a los impuestos que pagan y a sus cotizaciones sociales, aunque no todos los utilizan de la misma manera. Estadísticamente, cuanto mayor es una persona y menos recursos económicos tiene, más uso de servicios sanitarios hace. Por tanto, vamos a dividir a los paciente en dos grupos, rentables (personas jóvenes y adultas, sin problemas crónicos de salud, que tiene la suerte de tener que hacer poco uso de servicios médicos; o personas que hacen un mayor uso pero, debido a su buena posición económica, pagan en sus impuestos más de lo que consumen) y no rentables (que por diversos motivos deben hacer un uso mucho mayor de los mismos). Gracias a la combinación de ambos tipos de pacientes, rentables y no rentables, la sanidad pública española es viable económicamente hablando.

Imaginemos una reducción sistemática del gasto en sanidad por parte del Gobierno central y las Comunidades Autónomas que, como venimos comprobando, se concreta en listas de espera interminables, servicios de urgencias cerrados según horarios, pago de recetas y medicamentos anteriormente gratuitos, y un largo etcétera. Además, esto podría venir acompañado, como vemos ya en alguna Comunidad, de un fuerte incentivo en favor de los servicios sanitarios privados. Si esto ocurre, es lógico pensar que los pacientes rentables se plantearán contratar mutuas privadas, donde tengan contratos en los que paguen en relación al uso que hagan de los servicios. Al ser empresas privadas, éstas sólo aceptarían clientes rentables, puesto que son los que les generarían beneficios.


Así pues, nos encontraríamos con que en la Sanidad pública sólo permanecerían, por mera necesidad, los pacientes no rentables y, a consecuencia de esto, los gastos por persona irían aumentando cada vez más, haciendo al final económicamente inviable todo el sistema. Y nos quedaría algo parecido a lo de Estados Unidos, donde una persona con pocos recursos que se encuentra con una enfermedad grave de costoso tratamiento tiene que hipotecar todos sus bienes si quiere luchar por salvar su vida. Eso que nos parece tan lejos, no lo está tanto.

Podemos trasladar todo el razonamiento al sistema de educación pública. En este caso, los clientes no rentables serían alumnos de pequeñas poblaciones o pedanías, niños que requieran atención especial, hijos de inmigrantes que tengan dificultades con el idioma,... De que ellos tengan las mismas oportunidades que cualquier otro se encarga la educación pública (esto supone un gasto por alumno mayor, lo cual es utilizado estúpidamente por los defensores del sistema privado).

Por tanto, vemos como dos decisiones políticas como son incentivar, a través de deducciones fiscales, los sistemas privados (es decir, que los que acudan a ellos paguen menos impuestos) y reducir la calidad de los servicios públicos puede suponer su total desquebramiento. Y recordemos que todo esto empieza por el exceso de celo en cuanto al cumplimiento de las órdenes de la señora Merkel sobre el déficit fiscal (que no es otra cosa que cuánto gasta de más el Estado respecto a lo que recauda).

Una vez descartado, por no querer parecer demasiado extremista, la prohibición de centros sanitarios y de enseñanza privados, evitar o no este final depende únicamente de nuestros políticos. Lo primera medida, por supuesto, debe ser eliminar cualquier incentivo económico en favor de los sistemas privados, es decir, que los use quien lo crea conveniente pero sin recibir ninguna compensación a cambio. Como segunda medida, aunque puede parecer contradictorio con el objetivo inicial de reducción del déficit, se debería establecer una mayor inversión en estos servicios públicos. ¿ Por qué digo esto? Porque de esta manera, además de los incentivos económicos, también se eliminarían los incentivos personales de contratar servicios privados. Es decir, una persona con grandes recursos no tendría incentivos de llevar a su hijo a un colegio privado si en uno público va a tener las mismas facilidades e instalaciones. Y si la lista de espera para una operación va a ser igual de larga en un hospital público que en un privado, ¿ qué sentido tendría contratar una mutua? ¿ Y cómo se pagaría esa mayor inversión? Pues aumentando los impuestos de los españoles, más concretamente de los que tenían recursos suficientes para acudir a servicios privados, y que ahora no tendrían que pagar por ellos pues acudirían a los públicos.

Así que, asumiendo que la lucha con los agentes económicos que nos obligan a hacer todos estos esfuerzos está perdida, tenemos dos salidas. Por un lado, remar cada uno en una dirección al grito de “sálvese quien pueda”. Esto conduciría a una sociedad cada vez más desigual y, al final, probablemente sólo se salvarían los ricos. En cambio, remando hacia el mismo lado, a pesar de que las medidas serán también duras, las asumiremos entre todos por igual. Quizás no está tan mal que todos dispongamos de las mismas oportunidades a la hora de estudiar o de curarnos una enfermedad, tengamos los recursos que tengamos. Me parece genial que con dinero se puedan comprar yates, ropa muy cara, coches de lujo, incluso amigos y compañía. Pero cuando hablemos de cosas tan transcendentales como la educación y la salud, al menos en eso, que seamos todos iguales.

@Elfara_chico

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