¡Manos arriba, esto es un contrato!

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Esta semana toca, como no puede ser de otra manera, analizar una de las últimas medidas aprobadas por el nuevo Gobierno, la reforma laboral. Ésta ha sido aplaudida por muchos de sus socios en la Unión Europea, incluso por el gobierno alemán, por lo que nos podemos hacer una idea de la dureza que trae consigo.

Como opinión personal diré que esta reforma me parece absolutamente errónea, cuando no hiriente, por muchos motivos. Es inapropiada para taponar la sangría de parados que afronta nuestro país; es totalmente incoherente con los discursos que han venido ofreciendo sus ejecutores durante los últimos tiempos (bien es cierto que parece muy acorde con los pensamientos neoliberales); la ministra y la vicepresidenta, al hacerla pública, ocultaron datos que tienen una gran influencia en el devenir de los españoles; y por último, lo más preocupante de todo, supone una merma enorme de los derechos que los trabajadores han conseguido con grandísimo esfuerzo durante tantos años.

En cuanto a las declaraciones públicas de los dirigentes del PP en las que critican duramente lo mismo que ahora han aprobado poco hay que añadir. Simplemente os dejo un enlace con varios ejemplos de lo que os hablo http://www.escolar.net/MT/archives/category/la-palabra-del-pp . Alguno pensará que las declaraciones del Gobierno del PSOE también difirieron bastante de sus actuaciones, y estará en lo cierto, pero eso nada tiene que ver con el tema que hoy nos ocupa.

Sobre lo apropiado o no de las medidas habrá distintas concepciones. De hecho, alguna de ellas, como las siguientes, no me parecen del todo desacertadas, siempre y cuando se encaucen de manera adecuada:

• No me parece mal la realización de “trabajos para la comunidad” por parte de los desempleados que estén cobrando la prestación, siempre y cuando se enfoque como herramienta para ampliar la formación y la experiencia, y permitiendo que se dedique la mayor parte del tiempo a la búsqueda de empleo. Es decir, que estos trabajos tengan gran relación con la formación y/o experiencia del desempleado y no suponga más de, por ejemplo, 10 horas semanales.
• La bonificación a las empresas que contraten a menores de 30 años o parados mayores de 45 (se le descontarán aproximadamente 1.000€ durante los tres primeros años en la cuantía que le corresponda pagar sobre la Seguridad Social de sus trabajadores) me parece una medida acertada, aunque también algo insuficiente.
• Nuevo contrato indefinido para pymes, que podrán deducirse 3.000€ por el primer trabajador menor de 30 años que contraten. Buena medida para mejorar la contratación, sin lugar a dudas, si no viniera acompañada de un período de pruebas de un año (si cumplido ese año de prueba te quieren despedir no tienen que pagarte indemnización). ¿Cuántas empresas se beneficiarán de esta medida, creando puestos “ficticios” durante un año?
• Establecer el encadenamiento de contratos temporales a un máximo de dos años, lo cual sería una buena noticia a la hora de estabilizar el empleo si la coyuntura económica actual fuese otra. En cambio ahora, esto puede suponer la no renovación de muchos trabajadores cuando no pueda alargarse su contrato temporal.

Estas son, en mi opinión, las medidas que pueden suscitar debate a la hora de analizar su conveniencia o no. Sin embargo, las medidas que ahora os citaré tienen como único objetivo provocar un reducción importante de los salarios de la clases media y baja, así como facilitar el despido de manera brutal.

• Una de las medidas que menos interés han suscitado, pero que tiene una gran importancia, es la posibilidad de que los convenios particulares de cada empresa se antepongan a los convenios colectivos. Esto tiene una repercusión inmediata en la negociación empresa-trabajadores. Supone romper radicalmente la presión que pudieran ejercer los trabajadores de todo un sector, de manera que el empresario se verá en una posición mucho más ventajosa a la hora de pactar sueldos, horarios, …

• También supone un cambio muy importante la posibilidad de que los EREs (Expedientes de Regulación de Empleo) se aprueben sin autorización administrativa. Anteriormente, para saltarse el posible rechazo de la Administración, los empresarios negociaban direcamente los EREs con los sindicatos, percibiendo normalmente los trabajadores una indemnización superior a los 20 días por años trabajado. Ahora, sin necesidad de esta autorización, dificilmente se producirá tal negociación, y la indemnización será la mínima establecida.

• Y por último, la medida que supone un desagravio mayor para todos los trabajadores y una merma increíble de sus derechos. En primer lugar, se reduce la indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado (con un máximo de 42 mensualidades) a 33 días por año trabajado (con un máximo de 24 mensualidades). Esto parece no tener gran repercusión, ya que los contratos que tengan validez hasta estos días seguirán percibiendo la anterior indemnización por los años trabajados hasta el momento, y la nueva a partir de ahora.
  
  Lo verdaderamente preocupante aparece cuando contemplamos los nuevos supuestos que avalan el despido procedente, los cuales son totalmente inaceptables. A partir de ahora, cuando una empresa encadene tres trimestres con reducción de beneficios (ni siquiera hablamos de situación de pérdidas), podrá despedir de manera procedente. Es más, si por razones de productividad la empresa considera necesario cambiar la jornada laboral, reducir el salario o trasladar al empleado, éste tiene dos opciones: aceptar la propuesta o ser despedido, también, de manera procedente.
  
  Por si no se ha entendido bien, propongo un caso práctico: imaginemos un trabajador de una empresa con 30 años de antigüedad. En caso de ser despedido le correspondería la indemnización máxima, es decir, 42 mensualidades. Con un sueldo medio de 1.200€ debería recibir 50.400€. Ahora, el empresario puede decidir, después de 30 años, reducirle el sueldo en la cantidad que considere oportuna; trasladarle hacia otra instalación de la empresa, pongamos, a 1.000 km de distancia; o cambiarle completamente la jornada laboral. En caso de negarse, el trabajador tendrá derecho a una indemnización por despido procedente, es decir, 12 mensualidades, por lo que en lugar de 50.400€ le corresponderán 14.400€. Por tanto, el trabajador queda en una posición total de desamparo a la hora de oponerse a las medidas del empresario.

Pues bien, todas estas medias aprobadas premeditadamente para abaratar el despido, no supondrán ninguna mejora del desempleo. Quien ponga como ejemplo otros países con un despido mucho más barato que el español debería tener en cuenta dos factores: por un lado, en esos países la cobertura social de la que disponen los parados es inmensamente mayor; y por otro, hay distintos factores mucho más importantes que explican por qué en España se destruyen tantos empleos cuando la situación económica no es favorable.

Lo que si logran estas medidas es colocar al trabajador en una situación de subordinación total ante el empresario. Tanto es así, que muchos no tendrán más remedio que aceptar las reducciones de sueldo (que, sin duda, se van a poner muy de moda en nuestro país) para no perder su puesto de trabajo.

Esto no es más que otro paso en el camino que están recorriendo los grandes empresarios y corporaciones, dirigido hacia el control total de la sociedad y sus ciudadanos. La reacción timorata de sindicatos, trabajadores, incluso medios de comunicación se viene fraguando desde bastante tiempo atrás, instaurándose en la sociedad esa sensación de miedo ante todo lo que trae consigo la temida “crisis”.

Como ya dijimos en otros artículos, si ante una nueva agresión a los trabajadores como esta, ellos mismos, sus representantes y toda la ciudadanía no reacción como la situación lo requiere (con toda la contundencia que sea necesaria) se estará dando un paso más hacia el precipicio al que nos están llevando, repito, las grandes empresas con la ayuda inestimable de la mayoría de gobiernos de la Unión Europea.

@Elfara_chico

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