Mucho venimos hablando desde aquí de
la serie de medidas que ha adoptado el nuevo Gobierno para adecuar el
déficit español a los objetivos marcados desde Europa, pero poco
hemos comentado por qué se considera necesario establecer esa serie
de objetivos. Pues bien, la razón principal es la facilidad o
dificultad para conseguir crédito, es decir, para que nos presten
dinero con el que poder hacer renacer la actividad económica. Más
aún, conseguir que los intereses que paga el Estado por esos
préstamos sean lo más bajo posible.
Lógicamente, cuanto más solvente se
considere que será un país a la hora de pagar sus préstamos más
inversores querrán invertir comprándole deuda, y menos intereses
tendrá que pagar. El mecanismo es muy sencillo en teoría, pero
bastante más complejo a la hora de la verdad. Lo importante no es la
solvencia real, sino la solvencia que parezca tener el respectivo
Estado (por lo que se deben tener en cuenta muchas más
características además de la solvencia real). Y en esta aparente
solvencia es donde entran en funcionamiento las llamadas agencias de
calificación o de rating.
Quizás sea bastante benévolo
llamarlas agencias de calificación, pues su labor va mucho más allá
de esto, siendo probablemente la calificación el último de sus
fines. Pero vayamos por partes.
Estas empresas nacen a principios del
siglo XX en EEUU como consecuencia de la necesidad de conocer la
capacidad de solvencia que tenían las compañías ferroviarias por
parte de los inversores. En esos inicios, eran los propios inversores
que solicitaban la valoración los que pagaban a las agencias. Hoy en
día sólo continúan con este modelo de negocio los pequeños
organismos de calificación. Las grandes agencias (entre Standar and
Poor´s, Moody´s y Fitch controlan el 90% del volumen de negocio, lo
que suponen un auténtico oligopolio), por el contrario, cobran de
los mismos organismos, empresas, bancos,..., a los que califican.
Es decir, un gran banco que necesita
dinero emite deuda, que tiene que ser comprada por inversores. Para
que los inversores sepan su grado de solvencia, el banco acude a una
de estas agencias de rating para que elabore un informe acerca de la
misma, pagándoles por ello. Cuanto más positiva sea la
calificación, menos intereses tendrá que pagar el banco y, por
tanto, más contento estará con la agencia. Es más, probablemente
estará tan contento que le dará alguna suculenta propinilla y,
cuando necesita otro informe, acuda a la misma agencia. En cambio, si
el informe no es positivo tendrá que pagar bastantes más intereses
y, lógicamente, no volverá a solicitar esos servicios. Como podéis
ver, un monumento a la coherencia.
Pero sigamos un paso más allá. Estos
organismos son privados, es decir, son propiedad y están dirigidos
por personas que persiguen unos intereses (normalmente, ganar todo el
dinero posible). En el caso de Standar and Poor´s y Moody´s sus
principales accionistas son algunos de los grandes fondos de
inversión, como son BlackRock, Vanguard y Capital Group. Por tanto,
estas grandes agencias de rating dependen directamente y salvaguardan
los intereses de estos fondos de inversión.
A su vez, estos fondos de inversión
son los principales compradores de la deuda pública que emiten los
distintos países. Y la solvencia de estos países, que supone pagar
más intereses o menos, viene determinada por los informes elaborados
por las agencias de rating. Este triángulo amoroso es el colmo de la
incompatibilidad. Como he leído esta mañana, es como un árbitro
que apuesta para el mismo partido que tiene que pitar. Muy honrado
debe ser para que sus decisiones no se vean condicionadas y, como
sabemos, la honradez no es una de las características que mejor
definen a esos monstruos de hacer dinero que son los fondos de
inversión.
En lo que nos atañe, BlackRock ha
comprado casi 5.000 millones de euros en deuda española y Vanguard
otros 2.500. Recordemos que esto de comprar deuda es como conceder un
préstamo, es decir, los españoles les debemos a estos fondos 7.500
millones de euros más todos los intereses que éstos generen. Como
podréis entrever, un 1% más o menos en los intereses suponen
cientos de millones de ganancias para los fondos y cientos de
millones más a devolver para España, es decir, para todos nosotros.
No es de extrañar, entonces, que las calificaciones de los países
que han venido haciendo en los últimos tiempos las agencias de
rating (esas mismas que, recordemos, están controladas por
organismos como BlackRock o Vanguard) hayan empeorado
considerablemente.
Todavía podemos enredar más el
asunto. Las agencias de rating tienen otra función. Además de
calificar, también cobran incontables cantidades de dinero por
asesorar a distintos organismos sobre la forma más adecuada de
presentar sus cuentas para contentar a los inversores, esas mismas
cuentas que después ellos mismos se encargan de calificar. Algo así
como un profesor que le dice al alumno las preguntas del examen y el
tema en el que buscarlas por una cantidad de dinero. Todo muy ético,
ya lo observáis.
Aún podemos profundizar un poco más.
Ya no es sólo que esta serie de relaciones establecidas sean
totalmente incompatibles e indignantes, es que la función de
calificación de estas agencias ha sido totalmente infructuosa, al
menos durante los últimos tiempos. Todos hemos oído hablar de las
hipotecas subprime en EEUU, que tenían un altísimo riesgo de impago
y que, al ser vendidas desde el país americano a todo el mundo,
desencadenó la crisis financiera de 2.008. ¿ Sabéis que
calificación tenían estos activos de riesgo para las agencias de
calificación? AAA, es decir, máxima solvencia. Y seguro que también
todos nos acordamos del caso de Lehman Brothers, que supuso la mayor
quiebra de la historia. Pocos días antes del anuncio final de su
quiebra las agencias más importantes también le otorgaban
calificación máxima. Lo mismo pasó con el sistema financiero
islandés hasta el mismo día de su quiebra, y así infinidad de
ejemplos.
Pues bien, estos mismos que fueron
totalmente ineficaces para cumplir su función a la hora de
establecer la solvencia de organismos y productos financieros de todo
tipo son los mismos que ahora establecen si España, Grecia o la
Región de Murcia será capaz de pagar a sus acreedores. No sólo
siguen teniendo todo ese poder, sino que además deben ser
consultados legalmente por bancos y fondos de inversión cuando estos
quieren vender sus productos financieros. Sus mismos propietarios
deben estar brindando en cualquier isla paradisíaca en honor a la
absoluta pasividad de los distintos gobiernos occidentales.
Bien es cierto que sus dueños no son
nada tontos, esto hay que reconocérselo. Todas estas agencias no
están registradas como auditoras, que es la función que realizan.
De ser así, deberían hacerse responsables de los errores que presenten sus
informes, llegando a tener que subsanar posibles pérdidas con su
propio patrimonio. En cambio, se registran como agencias de prensa,
de manera que lo único que hacen es dar su opinión sobre distintos
temas. Es decir, que tienen la misma validez que si yo mañana
decidiera hacer un informe acerca de la solvencia de Kuala Lumpur.
Los medios y el poder económico no sería el mismo, pero el grado de
responsabilidad sí.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿
a quién le interesa que la economía de los países se recupere
rápidamente? ¿ Qué sentido tiene que los gobiernos tomen medidas
económicas para contentar a los mercados, si estos mismos se están
enriqueciendo a medida que la economía de los países se hunde?
Efectivamente la economía se recuperará y los países volverán a
conseguir crédito de manera razonable, pero solamente cuando estos
sinvergüenzas lo crean oportuno. Concretamente cuando las
condiciones en las que se produzca la recuperación les siga
otorgando más poder y más beneficios.
Esto no sería más que otra historia
de corrupción y tráfico de influencias a las que estamos ya más
que acostumbrados, de no ser por las consecuencias que supone. Porque
si por culpa de la indignidad de estos tipos España tiene que pagar
mucho más para conseguir crédito, las consecuencias son recortes en
educación o en sanidad, lo cual nos afecta directamente a todos (a
algunos de manera gravísima). Y si por la indecencia y desmesurada
ambición de los propietarios de estas agencias una pequeña empresa
tiene que cerrar por no poder hacer frente a sus pagos, la
consecuencia es el despido de un puñado de trabajadores y,
probablemente, el desahucio de alguna familia por no poder pagar su
hipoteca a tiempo.
Por tanto, somos finalmente los
ciudadanos los que pagamos los platos rotos de este sistema que hace
mucho que no debería mantenerse en pie. Si sigue ocurriendo es porque
no ha habido un Gobierno con la suficiente valentía para pararles
los pies. Y si al final la solución está en la política, la
palabra la tenemos los ciudadanos. Quizás es momento de dejar de
pensar en ideologías o fobias y a la hora de votar hacerlo por quien
se comprometa a romper la baraja de una vez por todas. En Grecia ya
lo han hecho, y puede ser sólo el principio. Personalmente, me
alegraría que lo fuera.
@Elfara_chico
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